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Autopista Santa Fe-Rosario: Piden conocer responsabilidades por la extinción del contrato de concesión

En la última sesión, del período ordinario de la legislatura provincial, la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes del diputado provincial del Partido Progreso Social y presidente del bloque “Frente Justicialista para la Victoria”, Héctor Cavallero. La iniciativa, solicita al gobierno provincial informe cual es el grado de avance respecto de los procedimientos definitivos de análisis y determinación de la responsabilidad que le puede caber a las partes (o, incluso a terceros) en la Extinción por Mutuo Acuerdo del Contrato de Concesión de la Autopista Santa Fe- Rosario, que conduzcan a determinar fehacientemente la causal de responsabilidad en tal decisión

En el mismo sentido, solicita que se indiquen los elementos y antecedentes evaluados para llevar a cabo la selección para la contratación directa por parte del Sr. Ministro de Infraestructura y Transporte en nombre del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, de los servicios de Cassagne Abogados (CASS SRL) por la suma de U$S 61.235 más un extra de 217 dólares por hora de asesoramiento, a lo que sumó los servicios del Ingeniero Miguel Gueydan por un monto de $ 678.138, con lo que totaliza una cifra superior a $ 1.700.000 como mínimo, para evaluar la extinción de concesión mencionada.

El legislador explicó que “el gobierno provincial encomendó al ministerio de Infraestructura y Transporte, para que en un lapso de 180 días  disponga la intervención de especialistas o la realización de auditorías que conduzcan a determinar fehacientemente la causal de la responsabilidad en la extinción por mutuo acuerdo del contrato de concesión , así como los eventuales créditos y deudas recíprocas  derivados de la extinción  del “contrato de concesión por peaje para la construcción, mejoras, reparación, conservación, , ampliación, remodelación , mantenimiento, administración , gerenciamiento y explotación de la Autopista  Provincial.

Al respecto, Cavallero sostuvo que “todas las incógnitas planteadas por el gobierno provincial fueron resueltas previamente por organismos que gozan de la confianza de todos de todos los santafesinos como son el Instituto de Estudios del Transporte de la Facultad de CienciasExactas,Ingeniería y Agrimensura y el Contador Público Guillermo Español, por la Cátedra deAuditoría de la Facultad de Ciencias Económicas que depende de la Universidad Nacional de Rosario. Es así queoportunamente manifestaron, en sus informes, conclusiones que ponen de manifiesto la gravedad de los incumplimientos de la concesionaria”.

Por último, consideró que “a pesar de lo dictaminado por los auditorios de la UNR antes mencionadas, el hecho de contratar un estudio de abogados y un consultor privado por la suma transcendida es un exceso sin justificativo alguno y por un monto desproporcionado, ya que la suma abonada a la Universidad fue muchas veces menor. En consecuencia, las únicas explicaciones dadas para tal decisión, de parte de las autoridades fuero, de “contar con una mirada privada” según expresaron en los medios, argumentos vagos y difusos”.

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